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Crean un protocolo para prevenir y detectar casos de trata de personas a bordo de buques pesqueros extranjeros
La ejecución estará a cargo de la Prefectura, que podrá realizar los controles tanto en puerto como en alta mar
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LA NACION
El Ministerio de Seguridad de la Nación comenzará a aplicar un protocolo para prevenir y detectar casos de explotación laboral o tráfico de personas a bordo de buques pesqueros. La Prefectura será la encargada de controlar a los barcos, tanto en navegación dentro de aguas territoriales como en puerto, de preservar la integridad de las eventuales víctimas y de informar a la Justicia federal para la formación de las causas correspondientes contra los infractores de la ley.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial de este martes, le da especificidad a los lineamientos generales para la prevención y erradicación del delito de trata de personas en canales fluviales y marítimos, aprobado en 2018, y tiene por objetivo ampliar la lucha contra el crimen organizado en alta mar, más allá de la pesca ilegal, uno de los problemas más importantes que enfrentan las autoridades argentinas a la hora de proteger los recursos ictícolas en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de las 200 millas del Mar Argentino.
La trata y la explotación a bordo de buques pesqueros –principalmente, de bandera china, pero también española, panameña y coreana– no es una hipótesis, sino una realidad. ONG internacionales afirman que cada año hay un promedio de 128.000 casos a nivel global. Algunos de esos casos son directamente macabros: hay registros habituales de desembarcos de cadáveres de marineros de barcos chinos en el puerto de Montevideo, el más utilizado por las inmensas flotas de ese país, según un informe de la ONG OceanoSanos.
El secretario de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad, Martín Verrier, explicó a LA NACION que los efectivos de Prefectura harán controles a bordo con el objetivo de detectar indicios de trata, tráfico de personas o explotación laboral. “El personal especializado buscará indicios, como apariencia, comportamiento y documentación. Advertirá si el capitán los deja moverse libremente en el buque y les permite revisar los papeles y manifiestos. También realizarán preguntas abiertas sobre cuál es la situación en el barco, con el objetivo de detectar si hay personas que sean víctimas de trata laboral o que estén siendo traficados”, explicó Verrier.
Algunas de las situaciones típicas advertidas entre las tripulaciones extranjeras son horas excesivas de trabajo sin los descansos correspondientes; incumplimientos de contrato y falta de pago, informalidad y abusos físicos y verbales.
“Los buques pertenecientes a flotas extranjeras de pesca que operan en proximidad a la Zona Económica Exclusiva argentina presentan tripulaciones que podrían considerarse en situación de vulnerabilidad, a causa de factores socioeconómicos o de haber sido reclutados con ofertas de empleo engañosas a través de la intervención de agencias de contratación en diferentes países. Sumado a ello, realizan su trabajo en alta mar alejados de todo control jurisdiccional por periodos prolongados de tiempo, con limitaciones idiomáticas e imposibilidad de arse con otras personas en tierra, etc., pudiendo como resultado ser víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral u otros delitos conexos”, reza la resolución ministerial en sus considerandos.
Un caso singular que refleja estas situaciones tomó estado público hace casi dos años, cuando una mujer que caminaba por la playa cerca de Punta del Este encontró en la orilla del mar una botella que contenía un mensaje; estaba escrito en un idioma que no conocía, pero identificó claramente el sentido cuando leyó “S.O.S.”
El resto eran ideogramas; un traductor de chino se encargó de develar el contenido del texto, que decía: “Hola, soy un tripulante del buque Lu Qing Yuan Yu 765; la compañía me encerró; cuando veas esto, por favor ayúdeme y llame a la policía. Socorro”. Las autoridades judiciales uruguayas ordenaron un operativo a bordo, y aunque advirtieron que había reclamos salariales, que los tripulantes llevaban dos años en el mar sin tocar puerto y que el régimen de trabajo era duro, aunque no necesariamente ilegal".
En caso de encontrar a víctimas de explotación laboral o de tráfico de personas, los agentes de Prefectura deberán, en primera instancia, hacer cesar la situación y preservar a los damnificados, y luego dar intervención a la Justicia federal y al Comité de Rescate de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, según explicó Verrier.
LA NACION
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