Un comisario, su hijo policía y su sobrino, a juicio por un doble crimen con un cuerpo calcinado y otro desaparecido

“Nosotros seguimos buscando porque necesitamos, aunque sea, encontrar algo de Lucas. En los rastrillajes cuando el perro marca algo se te paraliza el corazón. Después la policía científica te dice que es un hueso de animal y todo vuelve a empezar. La familia aprendió que los casos de desaparición son así: uno repite siempre el mismo día. Pasaron más de dos años y es como si hubiera desaparecido ayer. Es más duro porque la esperanza de encontrarlo con vida que había al principio se desvanece; sabemos que está muerto, que no lo vamos a escuchar reír nunca más. ¿Qué voy a encontrar de mi hermano después de tanto tiempo? Nada más que huesos. Pero es el cierre que necesitamos”.

Romina habla en nombre de todos los Escalante. Su hermano Lucas, que hoy tendría 28 años, está desaparecido desde la noche del viernes 9 de diciembre del 2022, luego de que la euforia por el ajustadísimo triunfo de la Argentina sobre Países Bajos en el Mundial de Qatar lo convenciera de subirse al auto para buscar a su amigo Lautaro Morello. Lo que siguió se convirtió en uno de los casos más graves de violencia institucional de los últimos tiempos: el cuerpo de Lautaro, de apenas 18 años, fue encontrado calcinado unos días después en Guernica, partido de Presidente Perón.

“Mi expectativa con el juicio es que se rompa el pacto de silencio, que después de casi dos años y medio alguno de los policías se quiebre y que al menos nos den una pista de dónde está Lucas”, dice Romina, a días del comienzo del juicio contra los acusados de lo que, aunque aún haya un desaparecido, es considerado un doble crimen.

Plan criminal

El 21 de mayo próximo, en los tribunales de Florencio Varela, será la primera jornada –dedicada al ofrecimiento de pruebas– del juicio por el asesinato de Lautaro y la desaparición de Lucas. Los principales acusados son el comisario mayor bonaerense Francisco “Coco” Centurión; su hijo, Christian Centurión –también policía–, y su sobrino Maximiliano Centurión.

A los primos se les imputa el homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por ser cometida por violencia, mientras que al jefe de la fuerza se lo acusa del delito de sustracción de caudales públicos en concurso real con privación ilegal de la libertad (respecto a Escalante), agravada por haber durado más de un mes y por ser cometida con violencia. Alternativamente se lo juzgará por homicidio agravado para procurar la impunidad para sí o para otro.

También enfrentarán el juicio oral por encubrimiento agravado el comisario inspector y exinterventor de la seccional de Bosques, Sergio Argañaraz; el jefe de la DDI de Quilmes Luis Alberto Zaracho; el oficial a cargo de tareas istrativas relacionadas con los vales de nafta, Juan Manuel Brito; el ex secretario de “Coco” Centurión, Ramiro Yair Forchinito; el efectivo Damián Rodríguez, y los civiles Agustín Antonio y Roberto Figarotti.

Para el fiscal Daniel Ichazo, que llevó la instrucción en reemplazo de Mariana Dongiovanni (se apartó del caso y enfrenta un pedido de juicio político impulsado por los familiares de las víctimas), en una casaquinta de La Capilla, en Florencio Varela, propiedad de “Coco” Centurión, Christian y Maximiliano Centurión “estrangularon y propinaron golpes a Lautaro con claras intenciones de darle muerte, provocándoles múltiples heridas en su cráneo y mandíbula, causándole finalmente su óbito por estrangulamiento [...] para luego disponer del cuerpo del mismo, e incinerar sus restos, en una zona rural a los fines de deshacerse de las evidencias del delito”.

Siguiendo la teoría del fiscal, la noche del 10 de diciembre de 2022 el comisario arribó a la casaquinta y se sumó “al plan de su hijo y sobrino” de mantener privado de su libertad a Lucas “en un lapso mayor a un mes” para luego asesinarlo y así garantizar la impunidad de todos.

“Sello mafioso”

“A Lauti no le gustaba estudiar, él quería tener su propia plata y trabajaba lavando autos en la vereda de casa. Estaba contento porque por fin se había recibido, con tanto esfuerzo, y el 13 de diciembre (cuatro días después de la última vez que lo vieron con vida) tenía que ir a buscar su diploma. Es una cosa tan oscura lo que le hicieron, y al mismo tiempo está más que clara la participación y el encubrimiento de los policías. Esto tiene un sello mafioso”, se lamenta Miriam Aguilar, abuela de Lautaro.

“A mi nieto le robaron la vida; me lo hubieran golpeado, lo hubieran tirado por ahí. Se ensañaron con un flaquito que medía un metro y medio y no sabía pelear. No es que solo le pegaron un tiro, sino que le hicieron cosas terribles antes. Esta gente que asesinó con saña a Lautaro y desapareció a Lucas son un peligro para la sociedad; tienen que recibir una condena ejemplar porque hay muchos policías involucrados; un jefe de Interpol (en referencia al comisario Centurión), que movió tanto para tapar lo que hicieron, que estaba cegado por el poder que tenía. ¿Cuántas veces hicieron esto? Son criminales”, sostiene.

La cadena de encubrimiento comenzó desde las primeras horas del caso. “El comisario Argañaraz se negó a tomarnos la denuncia por la desaparición de mi hermano –recuerda Romina–; decía que debía de estar con alguna chica, que esperáramos porque seguro iba a volver. Recién el 12 de diciembre lo empezó a buscar. Nosotros sabíamos que Lucas había ido a la quinta de Centurión, pero nos decía que no lo iban a molestar por unos vales de nafta. Después, cuando finalmente la policía hizo el allanamiento en la quinta, el perro marcó que había algo detrás de una puerta, pero dijeron que no podían entrar porque era otra propiedad, cuando en realidad era todo de Centurión. Lo más grave es que a la noche suspendieron el operativo y lo continuaron a la mañana siguiente y dejaron que Centurión volviera a su casa con la excusa de darle de comer a sus perros. Todo fue tan burdo que el cuerpo de Lautaro apareció a las pocas horas en un descampado a tres cuadras de la quinta”.

“Lo peor de todo es la incertidumbre, no saber qué pasó, no entender por qué mataron a dos pibes inocentes. La diferencia con la familia de Lautaro es que nosotros ni siquiera tenemos un lugar donde ir y llorar por Lucas”, concluye Romina.

Juicio político

“El caso de Lautaro y de Lucas es uno de los más graves que ocurrió en los últimos años. Primero, por la gravedad de los delitos; estamos hablando de un asesinato cometido con una saña que no es frecuente en estas latitudes y que parecería implicar un mensaje más fuerte, sobre todo por la quema del cuerpo; y de una desaparición que no sabemos hasta ahora si fue forzada. Que esté implicada una red de negocios ilegales con participación policial cuya naturaleza y extensión todavía no se conoce lo hace más siniestro”, reflexiona Manuel Trufó, director del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Agrega: “Este es uno de esos casos que actúan como relámpagos que iluminan algo que, de lo contrario, seguiría en una profunda oscuridad, totalmente inaccesible para quienes están por fuera de esas lógicas; por eso es tremendamente significativo”.

En tanto, la Comisión Provincial por la Memoria (M) presentó, junto a la familia de Lautaro Morello, el pedido de juicio político contra la primera fiscal de la causa, Mariana Dongiovanni, por las irregularidades en las diligencias investigativas.

Fundamentalmente le cuestionan el allanamiento en la quinta del comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Francisco Centurión y la demora –más de un mes– en apartar de la investigación a la fuerza sospechada, lo que derivó en una “posible obstrucción a la Justicia”.

Según el pedido de jury, “de más está decir que la interrupción de un allanamiento no es usual; suelen ser procedimientos largos y tediosos que duran toda la noche y terminan al día siguiente o cuando sea necesario, porque justamente se busca evitar que en esa interrupción puedan borrarse elementos del delito, pruebas o que los imputados tomen alguna medida para encubrir su accionar”.

Además, se detalla que la fiscal “hizo un uso ilegal e ilegítimo de las facultades delegatorias a la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la investigación criminal, les permitió realizar prácticamente la totalidad de las medidas de prueba iniciales y vitales para la investigación, incumpliendo los criterios rectores de actuación legal de los funcionarios del Ministerio Público”.

Por Gastón Rodríguez

• Policía Bonaerense

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